“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” Lo estipula bien claro nuestra Constitución. Sin embargo estas personas se encuentran desahuciadas o en un proceso de desahucio que les dejará, a la mayoría, no solo sin esa vivienda “digna y adecuada”, sino con una deuda prácticamente vitalicia a sus espaldas. Abocados a la exclusión social. Estos son los rostros de los desahucios.
Eran la clase media. Ahora no tienen trabajo y las prestaciones del Estado son insuficientes o han concluido. En otros casos, sigue su vida laboral pero con retrasos en el cobro de sus nóminas. En cualquier caso, los ingresos son insuficientes y llega el día en el que tienen que “elegir entre pagar la hipoteca o comer”, como cita uno de los afectados. Eligen comer y comienza el proceso.
Las llamadas de presión del banco preceden al Requerimiento del Pago de la totalidad de la deuda. A los pocos meses es un juez quien realiza la demanda. Con agonía llega el día de la subasta y su hogar deja de ser oficialmente suyo. El lanzamiento -el desahucio- les queda cerca. Como última medida intentan acogerse al Decreto Ley de Protección de Deudores Hipotecarios para paralizar el desahucio hasta noviembre del 2014 -una de las pocas medidas tomadas a este respecto-. Pero la mayoría no cumple las condiciones que asienta el decreto. Ya son más de 350.000 ejecuciones en lo que va de crisis. Son meses de angustia e intranquilidad en los que cada uno afronta el problema de manera diferente.
José Antonio Torres y Mercedes Gascón tenían la casa completamente pagada. Él era soldador, oficial de primera, cuando tuvo una fuerte lesión en la espalda que le impidió continuar con su oficio. Pasó a cobrar una pensión inferior a 500 euros mensuales; la única fuente de ingresos de la pareja. Decidieron montar una tiendecita de esoterismo “para seguir viviendo” e hipotecaron su casa con el fin de obtener el préstamo, explica Mercedes. Tras reformar el local abrieron, en 2007. “La tienda empezó bien, no para tirar cohetes pero para vivir nos daba, luego cayó la venta”. Pidieron ampliar un préstamo y reunificar la hipoteca. Al final perdieron todas las cuentas, según confiesan.
Mercedes tiene problemas de ansiedad, y José Antonio tuvo cáncer hace poco más de un año. Tras la operación y la quimio, pensaban que estaba resuelto, pero recientemente les dijeron los médicos que con gran probabilidad se había reproducido. El 26 de febrero, la casa y el local fueron subastados. “Ahora pasamos el mes con ayuda de los amigos”. Pese a todo, siguen mirando para adelante.
Asun Cavero trabajaba a incentivos, sin sueldo fijo. No llegaba a fin de mes y tuvo que dejar de pagar la hipoteca. Poco después, en diciembre de 2011 perdió su trabajo. Cayó en depresión pero consiguió salir a flote y paralizó el lanzamiento tan solo dos días antes de hacerse efectivo. Ha entrado en el decreto de paralización hasta 2014, aunque piensa que “esta ley sirve para no quedarte en la calle por dos años, pero no soluciona nada”. Tras la subasta le quedó una deuda de 18.000 euros más las costas, que aun no sabe a cuánto ascienden. “Cuando terminen estos dos años lo veo todo muy negro”. Hoy, sigue buscando un empleo.
Son las mayores víctimas de una crisis económica sin precedentes en nuestro país y las víctimas de una legislación hipotecaria injusta. Leyes que un grupo de seis magistrados del Consejo General del Poder Judicial tacha de “procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909 debido a la presión de los bancos”.
En este mismo informe, presentado a finales de 2012, los miembros del consejo denuncian “la mala praxis de las entidades bancarias” llevada a cabo durante la última década. La “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos” que ha llevado a este masivo aumento de créditos hipotecarios.
Cálculo de intereses en las hipotecas ligado a operaciones de derivados -productos financieros que requieren de conocimientos avanzados en la materia-, el establecimiento de unas cláusulas suelo y techo claramente favorables a la Banca, cláusulas de vencimiento anticipado exprés o los intereses de demora que llegan al 30% tienen total cabida en nuestras leyes hipotecarias.
Hace unas semanas el Tribunal de Justicia Europeo dictó una esperada sentencia según la cual la ley hipotecaria española vulnera la normativa Europea de protección al consumidor. Hasta ahora un juez no tenía la potestad de paralizar un proceso de desahucio por considerar abusiva alguna de las clausulas en su hipoteca; situación que cambia automáticamente con este fallo europeo y pone, al mismo tiempo, en evidencia, la desprotección ciudadana al respecto.
Otra suerte hubieran corrido estas familias si hubiesen vivido en diferentes países de nuestro entorno europeo -Francia, Holanda, Reino Unido o Italia- e incluso en Estados Unidos. Las leyes hipotecarias de estos países otorgan mayor protección al ciudadano incluyendo normativas cercanas a la Dación en Pago o Leyes de Segunda Oportunidad.
España se conmociona ante el drama de los desahucios. La exclusión casi integral de las familias ejecutadas y el creciente número de suicidios han hecho despertar la presión social. El 5 de febrero casi un millón y medio de ciudadanos, de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones, presentaron en el congreso una Iniciativa Legislativa Popular -ILP- que exige cambios en aquellas situaciones de impago hipotecario por motivos ajenos a la propia voluntad y únicamente en los casos de primera vivienda. Sus propuestas son: Dación en Pago, Moratoria de Desahucios y el establecimiento de un Alquiler Social no superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Una vez más, la sociedad va por delante de la ley.
